LA TERCERA INSURRECCIÓN DE MÉXICO

MéxiColombia

Hace más de cinco años llegué a México para estudiar una maestría. Colombia había reelegido como presidente a Álvaro Uribe Vélez (antes de él no existía la reelección; él la instituyó con prácticas ilegales que rebasan este texto). México tenía un nuevo presidente, Felipe Calderón (PAN), cuyo mandato había sido cuestionado, al grado de tener a la capital literalmente tomada por el partido opositor (PRD), que reclamaba un reconteo de los votos. Venía yo cansado de terminar las reuniones con los amigos en debates acalorados acerca de la inacabable violencia en el país, así que iniciar una etapa de la vida en un contexto liberado de tales traumas fue algo más que terapéutico.

Antes de salir de Colombia, mi último trabajo consistió en hacer el diseño de carátula para un libro de historias de vida contadas por niños desmovilizados del conflicto armado (Nunca imaginé Colombia, 2006). Cuando hice las fotografías sentí una especie de desahogo que, sin embargo, no registraba con justeza los relatos de estos protagonistas involuntarios de la guerra. Así fue como después de entregar la imagen que me habían solicitado, terminé con un montón de fotografías guardadas en una carpeta y con la sensación de impotencia que genera expresar una realidad nacional tan desoladora: más de 60 años de guerra entre el Estado y los grupos insurgentes, más de 30 años desde la aparición de los grupos paramilitares (ejércitos financiados por terratenientes e industriales para su defensa, que, no pocas veces, expropian, torturan y asesinan a la sociedad civil), y cerca de 30 años de tráfico internacional de estupefacientes.

Hoy miro estas imágenes desde otro contexto (Vivo en Monterrey hace un año y medio) y siento que ha iniciado aquí un proceso parecido al que ocurrió en Colombia durante los años 80, a pesar de las diferencias iniciales que suponen los protagonistas, los antecedentes históricos y el contexto social. Precisamente, desde que llegué a la ciudad he visto la transformación paulatina de un país que tuve la oportunidad de conocer en mejores condiciones, principalmente en la zona media (viví en San Luis Potosí durante 3 años). Recuerdo que cuando los actos de violencia empezaron a tocar a la población civil, personas cercanas me preguntaban si ocurría algo parecido en Colombia, y yo, que estaba acostumbrado a cosas peores, solía responder que no, que allá estábamos en otro nivel. Pues bien, un día tuve la clara sensación de que todo iría empeorando en esta cadena cada vez más incontrolable de acontecimientos.

Guerra y paz

En cierta ocasión hablaba con un amigo acerca de los índices que pudieran determinar la calidad de vida de un lugar y coincidimos en que ésta podía depender de circunstancias tan elementales como la tranquilidad de caminar en la noche, la posibilidad de reunirse con los amigos en espacios públicos, la confianza natural ante el desconocido. En este sentido, pudiera decirse que México era, hasta hace poco, un país del “primer mundo” (como dijimos en aquella ocasión, medio en broma, medio en serio), a pesar de los abismos sociales generados por prácticas políticas corruptas, algo frecuente en algunos países de América Latina.

He presenciado la violencia desde niño, la que se presenta a través de los medios y la que ocurre en la realidad inmediata. Tuve, digamos, la mala fortuna de vivir en un contexto social en el que se temía el estallido de las bombas, la posibilidad de un asalto, un secuestro o un asesinato. Esta situación fue el resultado de una degradación progresiva que hizo cada vez menos habitable o, cuando menos, transitable el espacio público de las principales ciudades del país. Digamos que, de alguna manera, los enfrentamientos armados experimentados a nivel social desencadenaron relaciones espinosas, con miramientos, sutilmente incómodas y, de repente un día, casi sin que nos diéramos cuenta, surgieron la delación paranoica, la autolimitación en las acciones de la vida diaria, la tensión insoportable.

Debido a que imparto clases universitarias, he tenido oportunidad de escuchar los testimonios de algunos estudiantes acerca de la gravedad de los hechos, que han convertido a Monterrey en una ciudad sometida a un estado de guerra de baja intensidad. Recuerdo el día en que dos jóvenes entraron en mi clase de manera extraña, al comienzo pensé que se trataba de una broma, luego me enteré que frente a la puerta de la universidad habían pasado varios vehículos disparándose después de un intento de secuestro en un exclusivo colegio del municipio conurbado de Santa Catarina. Los dos chicos eran parte de una multitud de estudiantes que entró corriendo para protegerse, con anterioridad uno de ellos había sufrido un intento de secuestro, el otro había presenciado un doble asesinato.

Las razones sin razón

Las razones de esta nueva violencia pueden ser interpretadas de diferentes maneras. La versión más recurrente, la que corre de boca en boca, dice que se trata de un enfrentamiento entre carteles de la droga por el control de las zonas de comercialización y transporte. Según esta idea, el brazo armado del cartel del Golfo, los Zetas, un grupo conformado inicialmente por exmilitares, encargado de mantener a raya a quienes se metieran en el negocio, ganó importancia y se independizó para delinquir por su cuenta, pero, esta vez, surtiéndose de las múltiples manifestaciones de la ilegalidad: narcomenudeo, piratería, extorsión, secuestro y demás ocurrencias que surgieron debido al relajamiento de la justicia gubernamental: concesión, impotencia o colusión (escojan ustedes la palabra que prefieran). Con todo, esta descripción simplista de los hechos deja por fuera al gran número de nuevas agrupaciones que hoy toman parte del negocio en todo el país y que han dado lugar a un circuito de alianzas y traiciones que entretejen los pormenores de esta, ya larga, novela sangrienta.

Corren rumores acerca de cómo algunos carteles de la droga se han aliado con el ejército, en tanto que los Zetas lo han hecho con la policía, para librar enfrentamientos en cualquier lugar de la ciudad (y ya casi del país), dando lugar a una mezcla bastante enrarecida de lo que pudiéramos llamar “seguridad”. Otros dicen que se trata de una “limpieza” social, que pone a los jóvenes sin oportunidades como carne de cañón en una guerra en la que todos, hasta los poderosos tienen intereses comprometidos. Una versión más arriesgada de los hechos supone la ocurrencia de una nueva revolución que, sin embargo, no pretende el poder legislativo, sino un nuevo orden social de facto. Ya dos veces se intentó este proceso en México: hace 200 años, por acción de los españoles no peninsulares y de un puñado de mestizos y, hace 100, a manos de turbas enardecidas, víctimas de sometimiento y esclavitud, que vieron frustrados sus propósitos de cambiar a la sociedad en temas fundamentales, después de 10 años de combate y más de 1 millón de muertos. Esta nueva revolución, repito, no pretende el poder establecido por las vías constitucionales, sino uno periférico, motivado por la consecución del dinero, de manera independiente, atrabiliaria.

Nadie puede desmentir el hecho de que las drogas ilegales circularon por México desde que existe el tráfico hacia su destino más conocido: los Estados Unidos de América. En un inicio representó una acción tan ilegal como la migración indocumentada, pero aún sin repercusiones sociales tan graves que lamentar para México. Sin embargo, este negocio ha ido en aumento a contrapelo de la prohibición, que lo hace más rentable y lo convierte en una opción de empleo, cada vez más asequible. Dos circunstancias han cambiado desde entonces, por un lado, el gobierno priísta perdió su omnipresencia de 70 años en 1998 con el triunfo en las urnas de Vicente Fox (PAN) y, por el otro, el incremento en el consumo de sustancias prohibidas, que ha desencadenado un mercado interno significativo.

El Pri, a pesar de su ya conocida saga de abusos en todos los ámbitos institucionales, o quizá, debido a ella, dio lugar a un tipo de inmunidad nacional que impidió durante mucho tiempo el establecimiento de facciones que se disputaran el negocio del narcotráfico, evitando, además, el asedio y ataque a la población civil y, con ella, a los derechos constitucionales de una mayoría no involucrada en el mercadeo y consumo de estupefacientes. El dinero se repartió sin reparos y cada quien recibió su parte, pero no había enfrentamientos armados, ni la incontrolable ola de acontecimientos que ha significado el quebrantamiento masivo de la ley. Hoy presenciamos un cambio paulatino en la percepción de la legalidad y empieza a surgir la extraña conciencia de que sí se puede delinquir y puede ser un negocio muy rentable. La avanzada progresiva de esta onda delictiva aparece como una respuesta airada ante las prácticas de funcionarios gubernamentales que han polarizado a la sociedad con acciones indebidas en el ejercicio de sus cargos políticos, que pasan principalmente por favorecer a los dueños de todo en este país. Estos hechos representan el inicio de una época en la que los ciudadanos con mejores posibilidades económicas serán víctimas de los ciudadanos con menores posibilidades, dirigidos por potentados del crimen.

El mercado ilegal de drogas es el botón de muestra entre las actividades ilícitas que se han desarrollado últimamente. Este negocio resulta ser en verdad poderoso, debido a la cantidad de dinero que genera y comprometedor porque se inocula en la sociedad de manera incontrolable, mediante la adicción de miles de personas que se integran a los grupos armados, la alta corruptibilidad a la que se hayan expuestas las fuerzas del orden y la proliferación sorprendente de armas fuera del control de los organismos de seguridad federales.

Los más, los menos

Cuando llegué a México, una de las cosas que más me sorprendió fue la convivencia saludable entre personas de distinto nivel socioeconómico, o eso me pareció a mí, que he visto en Colombia niveles de clasismo que se han defendido incluso al costo de la expropiación y el genocidio. Digo: convivencia saludable, mas no equitativa (como la explicación de esta última frase implicaría un largo paréntesis, dejaré que ustedes hagan sus propias conjeturas). No es coincidencia el hecho de que Colombia sea el país donde existe el mayor número de desplazados internos: cerca de 3 millones de personas expulsadas de sus hogares como resultado de acciones violentas provocadas por los grupos en conflicto, principalmente paramilitares que agencian un sistemático proceso de expropiación que favorece proyectos de transnacionales y de propietarios masivos de la tierra. Tampoco es una casualidad que Colombia tenga el mayor número de líderes sindicales e indígenas asesinados y uno de los mayores niveles de impunidad en el mundo.

Colombia y México han tenido historias igualmente violentas en su proceso para constituirse como naciones. Estos períodos de violencia han surgido a raíz de inconformidades ante autoritarismos y han desencadenado procesos sociales difíciles de erradicar. La violencia es un malestar social que, una vez iniciado, se tarda un período dolorosamente largo en desaparecer. Ahora bien, para que la violencia adquiera dimensiones sociales, es decir, para que constituya un hecho generalizado, debe existir un vínculo entre las relaciones cotidianas y las acciones delictivas. Hablo de ese momento en el que la “ley” del astuto, la “ley” del hostil, la “ley” del corrupto se imponen como un modelo preferible debido a las ventajas que otorga. Es por esto que la violencia existe mientras el acostumbramiento progresivo a lo anormal sea parte de la normalidad, mientras las calles sean sinónimo de peligro y el desconocido represente una amenaza.

Desde inicios de 2010, cuando se incrementaron las noticias acerca de enfrentamientos armados entre fuerzas de seguridad gubernamentales y grupos delictivos, o entre facciones de estos últimos, o entre una mezcla de todos los anteriores, se produjo un revuelo increíble debido a que la sociedad industrial y tradicionalista de Monterrey, esta industria enorme con ciudadanos obedientes, no estaba acostumbrada a este tipo de circunstancias. Al comienzo, Mauricio Fernández, presidente del municipio más próspero de México, San Pedro Garza García, pensó que bastaba con armar a grupos de paramilitares para controlar la situación, sin embargo, pasado el tiempo vinieron los bloqueos, los secuestros, las amenazas, los asesinatos. La violencia había roto el dique de los barrios marginales para atacar de manera directa incluso a los intocables: fuerzas armadas, funcionarios públicos y empresarios. Hoy ya no es posible enterarse de todos los hechos violentos que suceden a diario en la ciudad, tampoco resulta muy saludable que digamos, sobre todo teniendo en cuenta la manera neurótica como son presentados a través de los medios informativos. En fin, no hay mejor manera de desunir a la gente que sembrando el miedo, dejándolos en estado de conmoción.

Abunda el miedo en este cerco que ha vuelto peligrosas algunas actividades practicadas por los regiomontanos: la vida nocturna, las visitas en días feriados a los pueblos próximos y los viajes de compras a los EUA. La razón es clara: los hechos delictivos están más cerca de la cotidianidad. Antes se mencionaban casos aislados, ahora, cada quien tiene en su grupo de familiares o amigos una historia por contar. De esta manera fue como las familias prestantes decidieron moderar sus actividades o salir huyendo del país debido a la contingencia. También dio inicio un éxodo de estudiantes universitarios foráneos y locales, así como de industriales e inversionistas, que con su retirada han ido mellando el brío empresarial, orgullo mayor de esta sociedad. La misma historia de Colombia, el mismo proceso enrarecido que minó la confianza y llevó al país a la paranoia, al caos colectivo.

En México se ha ido estableciendo la delincuencia, unas veces pagada por las nuevas agrupaciones de la sedición y, otras, funcionando al destajo, por su propia cuenta. En esta revuelta se ha demostrado que cualquiera puede infringir la ley, amparado por los límites borrosos que supone la legalidad y la ilegalidad no sancionada, generando así un conflicto cuyas raíces se irán entendiendo cada vez menos, debido a las fracturas que dividen a los grupos delincuenciales, la aglomeración de acontecimientos y el desconcierto que supone un estado de emergencia permanente. Con el paso del tiempo estas circunstancias, a todas luces irregulares, van cimentando una nueva lógica, que se vuelve bastante estable debido al carácter del conflicto. Entonces hay un momento en el que ya no sorprenden tanto las acciones violentas, a pesar del esfuerzo imaginativo que se permiten los responsables para impactar en la mente de sus rivales y en el imaginario de la opinión pública.

Quién es quién

Otro fenómeno interesante en la actual situación social mexicana tiene que ver con la autoría de los hechos violentos. En las noticias sólo se mencionan (cuando se mencionan) grupos armados que engloban una suerte de masa abstracta: la policía, el ejército, la marina, el cartel de Sinaloa, el Cartel del Golfo, la Familia Michoacana, los Zetas, etc. No hay referencias claras acerca de personas responsables que rebasen la idea de una colectividad constituida, como no sea por el conocimiento público de los nombres de los grandes capos, que no bastan para comprender la compleja estructura que ha transformado a la sociedad de manera grave. Tampoco existen comunicados que reivindiquen los actos delictivos, salvo en el caso de las notas escuetas que acompañan a los cuerpos asesinados. Las noticias aparecen descritas de manera burda y con vacíos de información que se prestan a suspicacias o que explican el momento crítico que viven algunos medios, ya advertidos a través de bombas y granadazos.

En Colombia, durante la época de enfrentamientos entre carteles y de estos con el gobierno, los actos violentos fueron auto atribuidos por los grupos delictivos, los cuales atacaron de manera sanguinaria a la población civil con el propósito de presionar al Estado para que se retractara en su intención de extraditar hacia EUA a los narcotraficantes que allí eran requeridos debido a la ineficiencia punitiva local. Sin embargo, tiempo después, esta manera abierta de declarar sus acciones fue motivo suficiente para que todos los crímenes se le endosaran a las personas que dirigían las organizaciones criminales: los hermanos Ochoa Vásquez, Gonzalo Rodríguez Gacha, Pablo Escobar Gaviria o Los hermanos Rodríguez Orejuela, aunque, en ocasiones, no se hubiera comprobado su participación en algunos de esos hechos. Algo similar sucedió cuando el gobierno Colombiano de ultraderecha se volcó en contra de la guerrilla durante la primera década de este siglo y los medios le adjudicaron todos los actos violentos a estos grupos insurgentes, ocultando gran parte de las acciones ilegales de las fuerzas paramilitares, defendidas o financiadas por personas asentadas en el poder.

Ante el amarillismo comercial que supone esta crónica roja permanente, los medios de comunicación mexicanos, liderados por las dos cadenas televisivas más importantes (Televisa y TV Azteca) firmaron el “Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia” con la intención de filtrar las noticias y no convertirse en portavoces o jueces de los grupos delictivos. Dichos emporios aseguraron que éste acuerdo no representa una censura informativa y que habría un comité ciudadano al tanto de su cumplimiento. A pesar de la importancia que tiene reflexionar acerca de las emisiones mediáticas en estos tiempos de vicisitud, resulta significativo recordar que este acuerdo surgió por solicitud del propio presidente, quien empezó a extrañar las noticias positivas en México.

De manera simultánea, los mismos gurús de los medios informativos propusieron un proyecto muy particular que ha convertido al gobierno mexicano en una mezcla de programa de concurso y reality show, cuya intención es dirigirse a las “personas buenas del país, a las personas que, en vez de criticar, prefieren proponer”. Fue así como, en la versión 2011 de este programa de televisión con altísimo rating, llamado “Iniciativa México”, se recibieron más de 57.000 propuestas por parte de los telespectadores, para concursar por recursos, en categorías que corresponden claramente a lo que pudiéramos denominar un plan de gobierno con sentido común: bienestar, educación, desarrollo comunitario, medio ambiente y ciudadanía. Las ideas presentadas por los interesados se eligen de acuerdo a la votación del público y de un consejo técnico, de esta manera los medios de comunicación aportan el dinero para la realización de los proyectos ganadores, sólo que en esta ocasión el gobierno, por cada peso aportado, aportará dos, en un inesperado gesto de solidaridad que ilustra con suficiencia la política contemporánea y la extravagancia de sus procedimientos.

Como la realidad que hoy se vive en México no se resuelve con rodeos, las noticias continúan corriendo de boca en boca y a través de las redes sociales: se habla de pueblos abandonados, de peligro inminente en los trayectos intermunicipales, de prohibiciones tácitas para usar determinados vehículos, de ajustes de cuentas narrados en historias que fluctúan entre el dato verificable y el mito urbano. La sociedad parece entregada a su propia suerte, mientras las armas, cada vez más poderosas, proliferan en todos los bandos, produciendo espectaculares enfrentamientos en determinados lugares de la zona metropolitana de Monterrey. También existen curiosas representaciones de militares que se paran en las avenidas principales con la intención de hacer retenes, cuando en realidad se ocupan de darle vía a los vehículos como si fueran agentes de tránsito, además de repentinos desfiles del ejército, caravanas de jeeps sin capota en cuyo interior he visto hasta 9 uniformados dispuestos a entrar en combate.

La convivencia actual con las armas es tal, que generó, incluso, una singular demostración en “Fundidora”, el parque más emblemático de la ciudad. Se trata de una exposición itinerante a nivel nacional, llamada “La gran fuerza de México”. Esta escenografía de la guerra, que incluía trincheras, equipamiento de combate y militares de verdad, tuvo a Monterrey como la ciudad más entusiasta del circuito, superando los 400.000 visitantes, quienes durante más de un mes pudieron tomarse fotografías con sus nuevos héroes. Sin embargo, debo decir que a pesar de este júbilo armamentista me siento cada vez menos protegido. Como sabemos, la guerra es un negocio espléndido que determina las relaciones de poder.

Colombia invierte más del 4% de su pib en gastos militares, superando la inversión en educación, que apenas rebasa el 3%, en tanto que los costos de la salud, que integran las participaciones públicas y privadas, está por debajo del 7%. El propósito del Estado colombiano es erradicar a los grupos guerrilleros y al narcotráfico, sin embargo, está lejos de hacerlo. Por el contrario, se ha incrementado la tasa de crímenes cometidos, muchas veces “en defensa” de las políticas nacionales. Visto de este modo, resulta evidente que la generosidad en la inversión militar dista mucho de ser la manera adecuada de resolver algunos problemas sociales.

En fin, parece ser que el trabajo de atemorizar a la población mexicana ha funcionado, es más, la gente reclama cada vez mayor seguridad, más militares circulando en las calles, mejores salarios que inhiban su corrupción. Así mismo, ante el incremento de los asaltos, los pequeños comerciantes y los habitantes de algunas colonias han decidido instalar cámaras de seguridad y contratar vigilancia privada. Otras personas se decidieron a poner alarmas, rejas y puntas metálicas de protección en sus casas y apartamentos. Se puede decir que la escalada delictiva está a la par del florecimiento de las empresas de seguridad, que hoy representan un ramo bastante productivo.

Da Ghetto

Las razones de estos desmanes sociales del México actual pudieran lucir inocultables para una persona que tenga datos suficientes para interpretar la situación. Un ejemplo enorme: en los últimos diez años se han construido millones de viviendas para las clases menos favorecidas, la mayoría dentro del período de gobierno del presidente Felipe Calderón (2006-2012), generando el mayor incremento de la construcción de vivienda en la historia del país. Pues bien, lo que pudiera ser considerado como un verdadero avance en las políticas de equidad social, resulta ser, más que un fraude, una aberrante manera de separar a la población por su nivel de ingresos, lo cual se traduce en niveles de educación, salud, recreación y demás variables que configuran la vida normal de una persona.

En muchas partes de Colombia cuando alguien te pregunta por el lugar donde vives, te está preguntando, de manera implícita, por tu nivel de ingresos. La respuesta, sea cual sea, tiene una manera de interpretarse que se resume en una sola palabra: estrato. Es así como en Bogotá, por ejemplo, los estratos han sido definidos en orden numérico del 1 al 6, determinando, respectivamente, niveles de pobreza extremos o altas fuentes de ingreso. Pues bien, México a pesar de tener grandes diferencias socioeconómicas en su población, no conocía este tipo de taras en el lenguaje o, por lo menos, no tan burdas. Ahora bien, con el pretexto de brindar vivienda a las clases desfavorecidas, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) ideó una solución más tajante, que consiste en generar una ola desmedida de préstamos para empleados con bajos ingresos. Dichos préstamos son deudas vitalicias que, sin embargo, muchos justifican debido al bienestar que supone la propiedad privada.

Resumiré lo que sucede: un porcentaje considerable de estas viviendas son construidas más allá de las periferias de las grandes ciudades de México, en medio de la nada, ocasionalmente sin servicios públicos, rutas de acceso adecuadas o suficientes, zonas de abastecimiento cercanas y con características en su construcción más que inadecuadas. Resulta que muchas de estas nuevas colonias (barrios) fueron desarrolladas cometiendo todos los errores posibles de urbanismo: fragmentación del territorio, construcción en lugares difícilmente accesibles, inexistencia de zonas verdes y recreativas, serialización de la vivienda que favorece los intereses del mercado inmobiliario, utilización de materiales de baja calidad, estructuras de edificación que inhiben las relaciones entre los habitantes, desarrollo de vivienda con mínimos de superficie construida. Es por esto que, frecuentemente, en estas casas, cuyas dimensiones inician en los 60 metros cuadrados, se albergan familias de 4 o más integrantes, por un costo aproximado de $300.000 (45 millones de pesos colombianos). Cuando los futuros compradores van a ver los predios antes de la compra, se les prometen mejoras que jamás se cumplen y usualmente las casas de muestra tienen muebles a escala para que los espacios parezcan habitables.

Para las personas que hicieron uso de los préstamos del Infonavit, la idea de tener casa propia puede resultar, más que una ficción, una burla sistemática y cruel que en vez de favorecer sus condiciones de vida, las pauperiza y condena a un aislamiento cuyas dimensiones asombran. Según las cifras que menciona Felipe Calderón en su quinto informe de gobierno, 3 millones de familias habitan en las viviendas construidas durante su gobierno. Sin embargo, a pesar de lo asombroso de este “logro” de su administración, un 25.9% de las viviendas financiadas por Infonavit entre 2006 y 2009, lo que equivale a 356.000 viviendas, se encuentran deshabitadas, de las cuales el 40% han sido abandonadas debido a que la gente huyó ante las dificultades que supone la mala planificación del proyecto. Con todo, sobra decir que se trata de un proyecto ambicioso que se propone lesionar la confianza que existe en la población y deshacer el tejido social de México, una de las cualidades mayores que tiene esta sociedad.

Lo que viene

Mientras haya consumidores dentro de una sociedad que penaliza las drogas, éstas serán un negocio. Mientras las drogas sean un negocio no habrá posibilidades de erradicar la producción, la comercialización y los efectos sociales que supone una empresa tan poderosa en geografías en vías de desarrollo como las de Colombia o México. La condición económica de nuestros países plantea un panorama ideal para la proliferación de este tipo de comercio, es decir, la situación de pobreza de cerca del 50% de la población en México y 60% en Colombia y la insuficiencia alimentaria de por lo menos un 20%. El narcotráfico supone corrupción en todas las capas de una sociedad, pero también posibilidades de subsistencia para personas que han perdido la noción de legalidad, o que bajo su propio riesgo han decidido adoptar peligrosas interpretaciones acerca de la ley. Las drogas no se acaban, solo cambian las circunstancias: funcionarios más o menos corruptibles, legislaciones más o menos respetadas, pirámides socioeconómicas más o menos alargadas y gentes que ven, o no, la producción y el tráfico como un trabajo posible.

Es de esta manera como Monterrey pasó de ser una de las ciudades más productivas de México, una de las más adinerada y con mejores oportunidades de trabajo, a una de las más temidas debido a las acciones violentas del narco y las manifestaciones ilícitas subsecuentes. La ilegalidad del narcotráfico se ha propagado a todas las clases sociales de éste país, tal como sucedió en Colombia. Hoy, dentro de ciertos grupos, existen nuevas dinámicas culturales que empiezan a validar el uso de la fuerza al costo de la vida ajena, si existe una razón económica que así lo justifique. El gobierno instituido en México perdió autoridad ante el asedio de un verdadero empoderamiento de clase que instaura una manera de ascender en la escala social por las armas y negociando bajo sus propios códigos. En este nuevo terreno sin ley opera la voz del más fuerte, es decir, la de quien mejor se arme, generando pequeñas repúblicas en las cuales existen otras leyes.

Los paraestados o gobiernos neoinsurgentes que proponen los grupos del narcotráfico, se pelean el país con un poder altamente destructivo que se impone a sangre y fuego. Esta lógica se haya motivada solamente por el lucro; no crece ninguna ideología, ninguna conciencia que rebase la inmediatez de la fuerza, salvo una cierta revancha social que le concede poder, mediante las armas, a los que antes estaban sometidos. El narcotráfico ha instaurado una lógica rampante y aterradora, que le deja ver, de repente, a la delincuencia, su verdadero poder en un país que ha desconocido los derechos de las mayorías. En fin, ningún Estado puede exigir legalidad y ética si ha sido ilegal y antiético durante décadas, lo que equivale a decir que, el Estado no puede generar un comportamiento obediente en sus gobernados si es corrompido, incluso, por los propios grupos delictivos que combate. El resultado es una revolución contemporánea, una revolución de guerrillas sin ideología mayor que el propio sustento a mansalva, una revolución en la que, a pesar de todo, la vida sigue adelante con tintes de normalidad.

El fin y los medios

El narcotráfico sigue siendo uno de los negocios ilegales más rentables del planeta, sus ingresos determinan dinámicas altamente lesivas en los países productores, en los cuales ocurre la mayor parte de las víctimas mortales que suponen las políticas de prohibición. La prohibición penal de las drogas y su propósito de erradicarlas es un proyecto de algunos países industrializados, cuya historia tiene características más que contradictorias, debido a que fueron motivadas, casi siempre, por intereses económicos. Tal es el caso de EUA, el país con mayor consumo de sustancias ilegales, que ha combatido las drogas y, detrás de ellas, principalmente, cualquier intento de sublevación en países de Oriente Próximo y América Latina. Así sucedió cuando el gobierno de los EUA se permitía financiar guerras en Centro América, intercambiando armas por drogas ilegales, para deshacer cualquier movimiento social que pudiera oponérseles.

Del mismo modo ocurrió con el llamado “Plan Colombia” (1999-2005), que consistía en una avanzada armamentista apoyada por el gobierno estadounidense, que ha generado daños irreparables en la población civil y en ecosistemas valiosos. De esta manera se oficializó el ataque irresponsable a comunidades campesinas, en las cuales el cultivo de plantas ilegales tiene características que merecen cuidadosos análisis sociales, que pasan por la imposición violenta de los carteles, la inexistencia de políticas agropecuarias que garanticen la producción y comercialización justa de otros productos o, incluso, el sometimiento que supone la expropiación de grandes extensiones de tierra para favorecer el desarrollo de proyectos transnacionales. Aunado a la agresión física, se ha validado el uso de agentes químicos prohibidos que se fumigan desde avionetas, y que además de volver estéril la tierra, producen malformaciones genéticas en la descendencia de las personas cuyos campos han sido afectados. Visto de esta manera resulta interesante preguntarse por qué la lucha contra las drogas en Colombia y México ha sido asumida como un problema de seguridad nacional y no como uno de salud pública que implique la prevención y el tratamiento de las adicciones, como ocurre en Europa y EUA. El punto clave donde confluye todo este dilema es sin duda la legalización, un tema que deberá ponerse sobre la mesa, a fin de evitar la división tradicional (ya inoperante) entre países productores y países consumidores.

La complejidad de la situación actual mexicana ha dado lugar a acciones desesperadas por parte de la población civil de algunas comunidades aisladas, que ante la inexistencia de una representación gubernamental que ponga las cosas en orden, ha decidido oponerse a los grupos armados al riesgo de la vida misma. Tal es el caso del municipio indígena de Cherán (Michoacán), que en pocos años ha visto desaparecer el 80% de sus 18.000 hectáreas de bosque, a manos de taladores ilegales que operan bajo el apoyo armado del Cartel “La Familia Michoacana” y la connivencia de las fuerzas militares del Estado. Fue así como los 13.000 habitantes de este pequeño pueblo se organizaron para sitiarlo y bloquear la carretera por donde sacaban la madera, tratando de hacerles frente con lo que tuvieran a mano. En consecuencia, sus pobladores fueron amenazados, golpeados, e incluso asesinados, sin que la fuerza pública actuara para protegerlos. Sin duda, se trata de una oposición valiente que está dispuesta, también, a tomar las armas si es necesario para hacer valer sus derechos, como en efecto sucedió cuando los pobladores se apoderaron de 18 armas pertenecientes a la policía. En fin, circunstancias muy parecidas produjeron el nacimiento de la guerrilla más antigua del mundo, las Fuerzas Armadas revolucionarias de Colombia y su principio de autodefensa armada.

En fin, tres hechos principales que pueden transformar la denominada lucha por la plaza en un enfrentamiento difícilmente reconciliable entre clases sociales. Me refiero a los acuerdos inestables entre grupos que derivan sus ingresos del narcotráfico y de otras acciones ilegales; el contubernio de la delincuencia con las fuerzas del orden y las instituciones que representan; y la consolidación de un mercado interno de sustancias ilegales, debido al creciente aumento de sus consumidores.

En surcos de dolores mexicanos al grito de guerra

Hace poco, yendo en auto por la carretera de cuota rumbo a Guadalajara, nos cruzamos con un contingente bastante numeroso de militares cuando entramos por casualidad a Ixtlán. Queríamos conocer el pueblo que aparece en uno de los muy difundidos libros de Carlos Castaneda, sin embargo, en lugar de un pueblo tradicional indígena encontramos uno bastante normal, sólo que en estado de alarma, debido a que por primera vez ocurría un enfrentamiento de grandes dimensiones entre los Zetas y la Familia Michoacana; tan grave que la Marina tuvo que intervenir durante más de tres horas, en un tiroteo que se irradió por las carreteras libres de paga, incluso a pequeñas poblaciones cercanas donde huyeron los delincuentes. El resto de nuestro viaje me quedé con una sensación muy parecida a la que solía tener cuando iba por las carreteras colombianas. Esa idea paranoica de que en cualquier curva podía terminar tu recorrido, si tenías la mala suerte de coincidir con un grupo armado. La verdad es que varias veces me crucé con algunos de ellos, e incluso, en alguna ocasión recibí advertencias de paramilitares para que regresara cuando intentaba visitar una reserva de flora y fauna al norte del país.

En fin, puedo decir que, poco a poco, repito el proceso de acostumbrarme a los hechos alarmantes que ocurren cada vez con más frecuencia. A propósito, en días pasados se comunicaron mis amigos colombianos para preguntarme cómo estaba todo por aquí, estaban sorprendidos por la masacre de 53 personas en un lujoso casino de la colonia San Jerónimo de la ciudad de Monterrey. Hombres armados arribaron al lugar en tres vehículos y, después de amenazar a los presentes, procedieron a quemar el establecimiento como represalia por el incumplimiento en el pago de la cuota semanal que exigían por su funcionamiento. Recuerdo bien el día siguiente: oscuro, lluvioso, con el tráfico lento y una sensación mezclada de pesadumbre y temor en la gente.

El Casino Royale es, por ahora, mientras no suceda algo peor, una marca honda en el imaginario de la sociedad mexicana. Sin embargo, resulta interesante pensar por qué las vidas de las personas que murieron en este lugar son más lamentadas que las de los 72 migrantes torturados y asesinados por los Zetas en San Fernando, Tamaulipas, ante la negativa de integrarse a sus fuerzas; o las víctimas, (aún no hay cifras definitivas, pero en fosas comunes se han encontrado más de 110 cuerpos) de un autobús de la línea ADO, que en la misma ciudad y rumbo a Reynosa, sufrieron de acciones infames antes de ser ultimados; o los 21 asesinados en el Bar Sabino Gordo, en el centro de la ciudad de Monterrey, a manos de la delincuencia organizada, que reclamaba por una extorsión no pagada. Pudiera argumentarse el hecho de que unos eran migrantes ilegales, otros, pasajeros de un transporte de servicio público y, otros más, clientes de un lugar de dudosa reputación. Sucede que de pronto ya no se piensa en el valor de la vida sino en la procedencia de los asesinados, si pertenecen a cierto grupo social, si estuvieron o no vinculados con los delincuentes, si se lo merecían o no, como si no fueran intolerables sus circunstancias desde donde quiera que se les vea.

A consecuencia de los hechos del Casino Royale, el gobierno federal decidió tranquilizar la situación enviando 1500 soldados y 1500 policías. Las armas ya no aparecen como una excepción, ni como una representación, ahora lucen como una verdadera amenaza aparentemente justificada, por eso no es raro ver a militares con sus fusiles descubiertos caminando por la calle. Debido a que ya algunos periodistas reclaman estados de excepción o facultades extraordinarias para que las fuerzas armadas impongan el orden que no se ha conseguido a pesar de todo el despliegue militar que hemos vivido durante los últimos años, diré que hoy, justo cuando termino de escribir este texto, después de varios meses de pensar si vale o no la pena publicarlo, veo por la ventana de la cocina a un chico que vive en la casa de enfrente, tiene unos trece años y juega en la terraza con un rifle de juguete como si fuera un francotirador, simula que le dispara a las personas que pasan por la calle; en su celular se escucha uno de los temas del grupo local “Cartel de Santa”:

¿Dónde están, perros? Quiero verlos saltando

Denme más, perros. Quiero verlos gritando.

Quiero más, perros. Ya los oigo ladrando.

Que el cartel trae el mando y venimos acabando.